El cerco de la Justicia se estrecha y el latrocinio y la rapiña de los Pujol y la mafia convergente llega a su fin

A pesar de que Artur Mas todavía se dé por ofendido y perseguido por ‘España’ a modo de represalia política antidemocrática, la verdad es que a Convergencia Democràtica de Catalunya, CDC, el partido que fundó y presidió Jordi Pujol, y que ahora es presidido por el primero, la verdad es que le espera un final muy cruel a las aspiraciones de los independentistas ‘convergentes’ y su entramado delictivo configurado por políticos, instituciones públicas, entidades sin ánimo de lucro,  empresas privadas y algunos funcionarios, cargos de confianza ‘a dedo’, cargos electos y profesionales autónomos contratados o subcontratados, todos ellos mamando de la ubre del presupuesto público estatal, autonómico o municipal… o estafando, robando y depredando de cualquier manera ilegal y criminal.

De esta manera, de nuevo, ha tenido que ser un Juez el que volviera a ordenar a la Guardia Civil para que interviniese en una operación de registros que, bajo el nombre de Operación Petrum 3, ha procedido a entrar de nuevo en la sede central de CDC y en veinte empresas de distinta índole, sobre todo las dedicadas a contratación y ejecución de obra pública con sobrecostes, auténtico pozo de corrupción que sirvió para financiar ilegalmente al partido pujoliano –de ahí tantos recursos para sobornar a la Prensa, montar campañas y organizar aquelarres y programas de adiestramiento político en tantos frentes- y para que esa execrable familia y sus allegados y cómplices de primer grado se enriquecieran hasta extremos ilimitados, justo en la frontera de dejar las arcas públicas vacías y el endeudamiento de la Generalidad por la estratosfera y sin poder atender, tarde y mal, los compromisos con proveedores, los vencimientos de deuda pública propia o el pago de intereses por todo lo pedido en préstamo. Recortes y desatención de la población incluida.

 

Da igual que los escuderos de Mas, como el integrista portavoz Turull, aludan a que “se ha hecho coincidir el día de los registros con el de la firma de la convocatoria de constitución del Parlamento catalán”, o que sea ‘sospechoso’ [sic] que hubieran periodistas apostados delante del cuartel general convergente desde primera hora de la mañana. La realidad es que han tenido que ser unidades especializadas de la Benemérita las que han llevado a cabo la acción, ya que si se hubiera dejado en manos del cuerpo de los Mossos d’Esquadra / Policia de Catalunya, con casi absoluta seguridad no se hubiera podido ejecutar la orden judicial de tantos registros en una jornada; sospecha más que fundada si nos atenemos a que la policía catalana cuenta en su seno con una proporción importante de mossos (y policías locales o municipales) afectos a la causa independentista, lo que en estos momentos es pura sedición que merecería su expulsión inmediata del Cuerpo de qué se trate.

 

Solo ha faltado contemplar cómo hasta un jefe de la policía local de Olot (Gerona) se ponía a multar por aparcamiento indebido a vehículos de la ¡Guardia Civil! que estaba realizando un registro en el ayuntamiento de la población. A ver, repetimos lo que se acaba de escribir: “un jefe de la policía local de Olot (Gerona) se ponía a multar por aparcamiento indebido a vehículos de la ¡Guardia Civil! que estaba realizando un registro en el ayuntamiento de la población”. VEA EL VÍDEO CON EL TARADO EN PLENA FAENA  NOTA: unas horas después de la publicación del artículo, se supo que el tipo este iba en las listas electorales de ‘Junts pel Sí’ (Mas & Junqueras), es semicurilla (diácono, que puede casar y bautizar) y fue ¡¡¡mosso d’escuadra / policia de Catalunya!!! Acabáramos.

Pero a la espera de que les llegue su San Martín a quiénes visten su uniforme con indignidad, la ciudadanía honrada y leal puede empezar a percibir que finalmente el Estado reacciona con un primer nivel de contundencia y severidad contra aquellos que, además de extraer la riqueza de la Nación y sus territorios, en este caso Cataluña, son los que han manejado los mecanismos contables y financieros que han permitido estos escandalosos y miserables expolios contra la población; por esto se han detenido peces gordos de la órbita de CDC, como es la del tesorero de la formación nacionalista, Andreu Viloca Serrano, la del director general de infraestructuras de la Generalidad, Josep Antoni Rosell, y la de varios empresarios del ‘tocho’ y aledaños submundos inmobiliarios presuntamente implicados en una trama de corrupción por adjudicaciones públicas; y siempre a la espera de que caigan otros colectivos de empresarios y ejecutivos que sin estar en esta área de actividad de la obra pública también han succionado del presupuesto mediante subvenciones, ayudas mal justificadas a la exportación o a supuestos I+D+i y demás inversiones que, a menudo, no han sido debidamente verificadas y que han ido directamente a los bolsillos de sus destinatarios a cambio de un 3 o 5 o más porcentaje para el partido de Jordi Pujol y sus sucesores; empresas que muchas veces también han colaborado blanqueando dinero o haciendo de testaferros de las bandas convergentes, bien en Miami (vía ‘sucursal’) o en otros lugares ‘poco llamativos’ para el Ministerio de Hacienda (no todo es Andorra, Suiza, Liechtenstein o las Islas Caimán).

Para terminar, es saludable tener en cuenta que en las declaraciones de Artur Mas, el mismo día de los registros y detenciones, ha manifestado que “la operación judicial de este miércoles contra la corrupción no afectará al ‘proceso’ independentista”; que “todo responde a una ‘actuación’ del Estado contra el ‘proceso’ independentista”; que “las decisiones judiciales no son ajenas al momento político que estamos viviendo [dado que] CDC, como partido, y yo mismo somos objeto de caza mayor por parte del Estado” y que “hay mucha gente que intuye por qué se hace esto”.

images (14)Así que como fuera que además el presidente en funciones de la Generalidad “defiende la ‘limpieza’ de la Generalidad y de CDC”  y que “tiene plena confianza en las personas que llevan y han llevado la gestión y administración de CDC y de la fundación [CatDem]”, solamente toca esperar a que la Judicatura acelere el ritmo de sus procedimientos y decida si se ha de implementar por primera vez la inhabilitación de Artur Mas y de aquellos que se considere cómplices o coautores necesarios de los estragos fruto de la corrupción, por un lado, y por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N.  Sin olvidar que aún no se les imputa o acusa de delitos mucho más graves cómo los de sedición, insurrección u otras formas legales de definir lo que ningún país civilizado y democrático del mundo permitiría que autoridades políticas del propio territorio se atrevieran a perpetrar contra la unidad y la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. No digamos lo que sucedería si esto sucediera en una dictadura o país bananero perdido por ahí.

Lo dicho: El cerco de la Justicia se estrecha y el latrocinio y la rapiña de los Pujol y la mafia convergente llega a su fin.

Afortunadamente.