Doble empleo y demás combinaciones laborales que se permiten aquellos que trabajan poco o nada en su función principal

En una sociedad falta de puestos de trabajo, debería regularse cómo y quién accede a ellos, de manera que el ‘pastel’ se reparta equitativamente y sean los méritos y la cualificación académica y experiencia profesional los que primen a la hora de elegir candidatos, firmar contratos y establecer jerarquías dentro de las empresas y organizaciones; pero en ningún caso permitir que hayan individuos e individuas que formen parte de decenas de consejos de administración, que ostentan cargos mucho más allá de la edad de jubilación (mientras el común de ciudadanía de la clase media o baja es expulsada del mundo laboral a partir de los cincuenta años) o que como funcionarios también tengan una patita metida en la empresa privada; no asfaltando carreteras con alquitrán, no, sino a cambio de mordidas u honorarios ficticios conseguidos después de merodear y buitrear alrededor de los que buscan información privilegiada de las administraciones públicas, para jugar con ventaja ante los competidores o especular avariciosamente.

Viene a cuento este exordio anterior al observar el revuelo montado alrededor de que dos conocidos miembros del Partido Popular se dedicaban a ‘asesorar’ a terceros cobrando unos honorarios por encima de los precios de mercado o, como mínimo, harto sospechosos de considerarse un pago diferido por favores prestados antes o en tiempo real a cambio de consejos sobre materias de índole legislativa exclusiva o próxima al stablishment político y a las fuentes-cloacas del Poder y del conocimiento de los vericuetos kafkianos que la propia burocracia crea para que unos pocos sean los que se benefician de estar iniciados en una materia (concursal, fiscal, legal, reglamentaria, de plazos, etc.) y los demás se queden en Babia, por  mucho interés y esfuerzo que muestren por informarse para lanzar, gestionar y controlar un asunto.

Aunque sea a modo de ejemplo actualísimo, veamos el ejemplo del par de pájaros que siguen:

221291-942-629El portavoz de economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte está siendo investigado por la Agencia Tributaria puesto que ha sido ‘cazado’ por cobrar por ayudar  dueño de la constructora ‘Corporación Llorente’, Collosa, a no se sabe muy bien qué; pero sí que cobró 75.000 Euros en un año por, según declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, [y obsérvese la guisa de la terminología] ‘por una iguala de 5.000 euros al mes, de la que luego había que deducir gastos, como “ayudante del señor Armero” en el proceso de reestructuración y desapalancamiento de la compañía, mediante “conversaciones” y “estudio de documentos” que él le pasaba’.   Preguntado Pujalte si le parecía ético haber cobrado de esta empresa mientras era diputado, resolvió con un “me parece legal”. “Nunca acompañé al señor Armero a ninguna visita pública ni privada, nunca participé en un proceso comercial de la compañía ni público ni privado y nunca representé a la empresa”. Y añadimos nosotros: “Ni nunca le acompañé a orinar ni le ayudé bajándole la cremallera y…”, suponemos.

Vamos a ver. ¿Ser portavoz de asuntos económicos en el Parlamento, en nombre del partido en el gobierno, no le absorbe a Pujalte el 1000% de su tiempo disponible? ¿Está tan bien y saneada  económicamente España para que un puesto como el suyo no lo reclame 24/7/365? ¿A quién quiere engañar con que tenía conversaciones y estudiaba documentos, cuando lo que seguro que hacía era aconsejar las escapatorias y trucos de prestidigitación fiscal para eludir al máximo las cargas impositivas vinculadas al negocio o las emergentes oportunidades de negocio subvencionables o subvencionadas… del neosector del tocho –los parques eólicos, tal como se planificaron en nuestro país? ¿Por qué montó la firma Sirga XXI Consultores justo antes de cobrar de Collosa?

207388Y por otro lado, el meapilas del Opus Dei que se pidió la Embajada española en el Reino Unido e Irlanda del Norte, en Londres, Federico Trillo Figueroavivahonduras’, para escapar de su etapa vergonzosa de ministro de Defensa y del desastre en la gestión del caso del accidente del avión Yak-42 que transportaba 62 militares españoles y que se estrelló en Turquía en 2003, por el usos de una alquilada antidiluviana aeronave ucraniana, pilotada por ucranianos, como si de un vuelo charter de turistas de farra en la costa española se tratara, en lugar de un digno vuelo de vuelta a casa después de casi medio año de misión de nuestras agotadas y abnegadas tropas en Afganistán y Kirguistán, que es lo que fue.

Si además añadimos la vergonzosa falsedad de la identificación de los cadáveres de las víctimas, que se tramitó con la mayor e ignominiosa negligencia y falta de humanidad y empatía con los familiares de los soldados, nos podemos hacer una idea clara de la calidad y profesionalidad de Trillo y de su escala de valores –por mucho sanjosémaría que medie-, de ahí que no sorprenda que también él esté metido en otro escándalo de corrupción, en este caso  por valor de 354.000 Euros en honorarios pagados a su empresa de asesoría (70% propiedad del embajador y 30% de sus hijos) ‘Estudios Jurídicos Labor’ por un contrato que especifica como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

Para entender mejor el alcance del insulto a la ciudadanía, el propio Trillo defendió este miércoles su trabajo, también para la empresa que se dedica al ‘tocho de moda’ de la construcción de parques eólicos deficitarios per se, pero altamente subvencionables con fondos públicos-, alegando que “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.

Nótese este “Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”; se supone que durante el tiempo que le quedaba libre entre taza de té y taza de té o entre rezo y rezo.

Porque, para que no perdamos el hilo de este artículo, ha de quedar claro que ante la inspección de Hacienda, Collosa declaró haber pagado a ambos políticos y aportó las facturas correspondientes, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo […] que acreditara la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria. O sea que los asesoramientos en asuntos de compleja envergadura técnico-industrial como lo es la ingeniería civil o la arquitectura se llevaba a caboi de forma verbal, oral… de barra de bar.

Y de ahí, extrapolando, podríamos irnos hacia otros muchos casos en los que un funcionario o persona que temporalmente cobra del erario público del Estado o la U.E. –político electo o cargo de confianza ‘a  dedo’-, trabaja con tan poca intensidad horaria y dedicación, que se permite tener mucho tiempo libre, quizás media jornada al día, más algunos momentos durante sus horas de trabajo en su posición principal (ya saben, llamadita telefónica por aquí, e-mail o Whatsapp por allá, chat o Skype por acullá, escaqueo ‘salgo un rato’), de manera que puedan desarrollar otra función en otro sitio, a menudo ‘en negro’, relacionada con su oportunista área de conocimiento estratégico.

Y así nos va, que montones de funcionarios ‘servidores del ciudadano’ delinquen a sabiendas de que lo que perpetran es alegal ilegal o directamente criminal al prevaricar o faltar a la custodia de información restringida que está a su alcance al tener acceso a expedientes, ficheros, historiales o proyectos que terceras partes pueden utilizar en beneficio propio.

Pujalte y Trillo

Sí, ya sabemos el mantra de que esas actividades paralelas de Trillo y Pujalte estaban en conocimiento del Congreso, pero la pregunta inteligente es ¿de quién, de qué sección de éste? Si Trillo fue el presidente y Pujalte es un gerifalte popular… ¿a quién demonios solicitaron autorización para asesorar verbalmente sobre temas delicados –la energía eólica es un fiasco del copón, cuyo déficit pagamos entre todos?  ¿A la dignísima señora de hacer faenas? O quizás ¿se pidió permiso de forma genérica para poder ‘asesorar’ esporádicamente, o a dar conferencias, clases o escribir artículos remunerados… que después se usó para montar una empresas ad hoc desde la que facturar negocios de consulting de envergadura?

En definitiva, ¿y si los funcionarios del Estado trabajaran de funcionarios del Estado y de nada más? ¿Y si lo hicieran con la vocación, dedicación y honorabilidad que conlleva ser un servidor público, y con la tranquilidad implícita en disponer de un puesto laboral de por vida y sin riesgo de perderse?

Porque, salvando las excepciones que todos conocemos, ¿a alguien le da la sensación de que el funcionariado vaya con las pulsaciones aceleradas por sobrecarga de trabajo? Y en su  mismo nivel de percepción, ¿alguien percibe que los políticos en activo hagan algo además de  inaugurar cosas, poner primeras piedras, salir por la tele y la radio, hacer minutos de silencio y dedicar la mayor parte de su tiempo a asuntos endogámicos del partido y su ubicación en él, refuerzo de clanes, facciones, grupos de poder o ‘corrientes’ internas… o materias como las del secesionismo catalán que absorbe el 75% del tiempo útil del 75% de los inútiles a los que se les paga el sueldo entre todos?

¿A que iría mejor al país que todo el mundo trabajara hasta los 65 años y nadie lo hiciera después de dicha edad mientras estemos en el 26% de paro registrado -en realidad es un 31%? ¿A que iría mejor que ni un solo funcionario dejara de estar presente ¡y trabajando! en su puesto de trabajo durante toda su jornada y no pudiera acceder a segundos empleos remunerados –habitualmente, de forma fiscalmente opaca-, que obviamente dejan de estar al alcance de otras personas?

Y, ¿no debería estar prohibido que un altísimo cargo en activo abra un bufete o un despacho de ‘asesoría’ en el que sin mediar entrega de nada palpable se cobren honorarios fulgurantes [estos, los que se conocen, imaginemos en ‘negro’ o en especies], si es que no se trafica con influencias o se hace lobbying interesado?

¿Cómo es posible que todo un presidente del Congreso de los Diputados de España y un máximo responsable de economía del mismo foro se atrevan a explicarle a una empresa privada los trucos que, con antelación, ha de tener en cuenta para ordeñar un negocio emergente y desconocido, pero muy encorsetado por leyes y reglamentos que lo hacen factible, rentable o no según se conozcan los entresijos de lo que la U.E. y/o el Gobierno español va a legislar en cada momento: las energías renovables de los neomolinos de viento?

¿Quién puede seguir respetando a semejantes tramposos? ¿Por qué no se les hace dimitir por tanta ignominia?

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