Y aún se hacen los ofendidos, los vilipendiados… las víctimas

 

El 9 de noviembre de 2014, después de una asfixiante campaña de propaganda pagada con recursos públicos de la Generalidad de Cataluña, vía medios de comunicación públicos o subvencionados afectos a la causa, se llevó a cabo una consulta popular llamada proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña conocido por el numerónimo 9N.

El proceso en sí fue planteado por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas y su socio Oriol Junqueras, como una alternativa legal ante la negación del Gobierno de España a conceder permiso para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, negación plasmada merced el recurso de dicho Gobierno ante el Tribunal Constitucional y contra dicha consulta y sus objetivos.

Aunque por activa y por pasiva, sin un ápice de salidas de tono ni amenazas por parte del Estado, se avisó repetidamente a las autoridades autonómicas, con Mas y su gobierno a la cabeza, que tanto el fondo como la forma del acto programado eran ilegales y anticonstitucionales, y especialmente que la más alta autoridad del Estado en Cataluña, dicho presidente de la Generalidad, debería abstenerse de tomar parte activa y visible en el proceso secesionista, el 9 de noviembre se colocaron urnas en edificios públicos o semipúblicos dependientes de la Administración catalana y sus tentáculos, o en escuelas e institutos públicos o concertados.

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Rigau, Ortega y Mas… en mejores tiempos

Así que Mas, espoleado por su flanco más separatista, y por Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, en particular se lió la manta a la cabeza, se echó al monte y asumió el liderazgo del tramo final del aquelarre, siendo él mismo el que junto con Anna Rigau (consejera de enseñanza -la que mandaba en las madrasas de adoctrinamiento- y la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega (¡oh, no!, de Unió, que ahora se han hecho los locos mientras desaparecían electoralmente por el sumidero del oprobio, el pasado 27-S). Es más, Mas, en su línea, se pavoneó delante de las cámaras el día de autos, manifestando con soberbia y chulería que “si [el Estado] quería buscar algún responsable de todo… que era él y que allí estaba”, sacando pecho y envalentonado, con sus dos compañeras de viaje principales como dos floreros al lado y con el tembleque en las piernas.

Dado que todo el montaje se ejecutó según el plan previsto, a pesar de que se había admitido a trámite el recurso de la Generalidad a la prohibición, el proceso quedó cautelarmente suspendido. Sin embargo, Artur Mas -arropado por su gente- se negó a acatar dicha suspensión cautelar y continuó con la organización de la jornada y el grotesco simulacro democrático.

Llegados hasta aquí, para desmemoriados o mal informados, la consulta electoral consistió en formular una pregunta surrealista a un universo de votantes no censados por los órganos competentes (Junta elctoral central), admitir que votasen ilegalmente adolescentes desde los ¡dieciseis años!… e inmigrantes con solamente un permiso de residencia -que no la ciudadanía española-. Un insulto a la honorabilidad de Cataluña y sus ciudadanos; una mamarrachada propia de fanáticos descerebrados y malintencionados.

JUnqueras

¡im-pre-sio-nan-te!

Si añadimos que la ‘jornada’ dio opciones para que durante ¡QUINCE DÍAS! más se pudiera seguir votando sin garantía alguna sobre la ortodoxia del mecanismo electoral; que la custodia de las urnas y su contenido fue nula, ya que no pudo, obviamente, actuar para tal fin la Policía de Cataluña, los Mossos d’Esquadra; y que el recuento fue un cachondeo de fiabilidad nula -sin apoderados-, como se apreció en las vergonzosas imágenes en las que el propio Oriol Junqueras (presidente de ERC) hacía él mismo el recuento manual de unas urnas de un colegio electoral de su pueblo, del que es alcalde, Sant Vicens dels Horts. Todo, en conjunto, supuso un escándalo y una burla a la Democracia, palabra que semejantes botarates se llenan la boca en apelar para autodefenderse de sus barbaridades y de lo que ya sabían que les vendría encima.

Porque, señoras y señores, la Justicia es lenta pero inexorable. A pesar de que el Gobierno de la Nación prefirió no intervenir antes e imputar a Mas, Ortega y Rigau -hay más cómplices que caerán pronto- para no enrarecer más el ya previamente caldeado ambiente provocativo y sedicioso del pasado 27 de septiembre, día de las elecciones al Parlamento de Cataluña, que se han querido mostrar por parte del nacionalismo extremo catalán como un plebiscito sobre la independencia; la realidad es que esas tres personas ya han sido imputadas formalmente por delitos muy graves que los pueden inhabilitar para cargos públicos o incluso terminar en la cárcel habida cuenta de que lo que se les imputa es oficialmente consecuencia de la querella que ha interpuesto contra Mas y ellas dos, y otras personas de menor rango, la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión de delitos de desobediencia general y grave, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el proceso participativo del 9N. A lo que se puede añadir sin problema alguno otro grupo de gravísimos delitos más -momentáneamente desestimados-, como son los de la usurpación de funciones, rebelión y sedición… que no son ninguna broma en ningún país del mundo civilizado y se pagan caros (en los de los países no democráticos supone algo que ni nos atrevemos a mentar).

No olvidemos que de aquí al 13 y 15 de octubre, fechas en las que están citadas respectivamente a declarar las dos señoras y el señor de los que hablamos, la maquinaria de agitprop y el victimismo, junto con todo tipo de presión mediática local para ‘defenderlos’, puede llevar a situaciones de compleja y peligrosa inseguridad ciudadana, cuya primera señal, el primer día, ayer 29, en que se ha conocido la decisión judicial que estamos comentando, es que ya han empezado a sonar caceroladas a las diez de la noche… y lo que vendrá.

Así que, ahora va en serio. O se ataja este asunto con la Ley en la mano y aplicando los correctivos que procedan y todas las demás respuestas policiales y judiciales que sean necesarias para neutralizar ejemplarizantemente esta vertiginosa locura colectiva inducida desde el exterior a través de enemigos internos manifiestos de España, o esto puede acabar mal.

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Companys (abrigo claro) con el puño en alto, amistoso y pacífico

Será cuestión de observar con lupa qué hacen los imputados y sus respectivas atmósferas de complicidad implícita o explícita. Porque, seguro que quietos no estarán y de aquí al 15 de octubre, curiosamente, fecha aniversario del fusilamiento, por parte de las tropas nacionales del general Franco, de Lluís Companys, presidente de la Generalidad durante el periodo previo y coincidente con la Guerra Civil Española, y político extremista que también organizó un proceso de escisión sediciosa de Cataluña del resto de España aprovechando la fragilidad de la República gobernante en Madrid, armó a la población y permitió extremos y sanguinarios abusos y atrocidades cometidos por fuerzas de extrema izquierda, anarquistas y separatistas… ¿les suena?

Nos quedan unos meses de profunda tensión, durante los cuáles, ahora sí, el Gobierno del Estado y las fuerzas parlamentarias fieles y leales a la Constitución y a la legalidad vigente han de reducir desde el primer momento cualquier ‘golpe nocturno de cacerola’ más, por ser un preámbulo que vaticina futuros desmanes.

O reiremos todos.

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Para entender mejor el alcance de la acusaciones, valórense de qué se trata:

Obstrucción a la Justicia
Es el más grave de todos y el único que conlleva pena de cárcel. Está regulado por el artículo 508.1 del Código Penal. La autoridad que sea condenada a por ello se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Desobediencia general
Contemplada en el artículo 410.1 del Código Penal, castiga la desobediencia grave cometida por autoridades públicas. Lo hace imponiendo multas que van tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Malversación de caudales públicos
El Código Penal en su artículo 432.1 fija en el caso de que Mas o sus consejeras sean condenadas a multas que van de seis a doce meses además de suspensión de empleo o cargo público entre un mínimo de seis meses y un máximo de tres años.

Prevaricación administrativa
Castigada a través del artículo 404 del Código Penal, sanciona a cualquier autoridad que dicte una “resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia”. La pena impuesta es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Nota: En caso de ser ser hallados culpables por el tribunal, la condena máxima para Mas, Rigau y Ortega no superaría un año de prisión, seis años de suspensión de cargo público y doce de inhabilitación.